ONG

Chile se caracteriza por ser una nación solidaria y articulada. La re­ciente publicación de los primeros resultados de un estudio realizado por la Universidad John Hopkins (EE.UU.), detectó 106.880 agrupaciones ciu­dadanas en Chile, donde se incluyen fundaciones, corporaciones, grupos de Adultos Mayores y clubes deportivos, entre otros. Del total de la población adulta, el 7% ha participado en acciones voluntarias, cifra muy superior a las tendencias diagnosticadas en otros países latinoamericanos. Por su parte, el 47% de quienes pertenecen a organizaciones sin fines de lucro lo hacen sin recibir remuneración alguna.

Así, en el año 2003, se formó la Red Nacional de Voluntarios de Chile. De esta manera, al año siguiente más de 25 mil voluntarios movilizados y 500 mil personas fueron beneficiadas producto de los 119 proyectos ejecutados con recursos del Fondo Concursable de Voluntariado, el cual se implementó a través de la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS)

La participación en Chile está mayoritariamente relacionada con la autoayu­da y el asistencialismo. Sin embargo, es mucho menor en ámbitos de interés públi­co. La motivación de la participación está relacionada, de manera prioritaria, con la capacidad de incidir en decisiones que conciernen a un determinado grupo y a acceder a recursos. A su vez, es más frecuente el involucramiento de la ciudadanía en instancias de denuncia que de genera­ción de soluciones, ya que se asume que éste es un rol que le compete al Estado.

Para referirse al rol de las ONGs en el diseño, implementación y evalua­ción de políticas públicas, es preciso asumir momentos clave en nuestra his­toria reciente.

El aporte de las ONGs durante la década de los 80 (período de restableci­miento democrático) es indiscutido. A partir de los 90, las que lograron sobrevivir fueron aquellas que identificaron un nicho donde focalizar su misión y se profesionalizaron. Algunas se especializaron en la denuncia y promoción de ciertas temáticas (advocacy), y otras en la genera­ción de servicios tales como investigación, educación y conservación, entre otros.

1. 1990 – 1994

Las ONGs evolucionaron desde el entusiasta apoyo inicial a un estado de desencanto. Resintieron que el Presidente Aylwin las privara de sus profesiona­les técnicamente mejor preparados, ya que los invitó a participar y ser parte del primer gobierno de la Concertación. . Adicionalmente, el Gobierno canalizó los programas de ayuda externa a través de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI), con lo cual desvió la principal fuente de recursos de las ONGs hacia sus propias iniciativas. Por otra parte, dado que en ese período se instaló la política de los consensos “en la medida de lo posible”, los programas de gobierno no cumplieron a cabalidad las expectativas de las ONGs.

2. 1994 – 2000

El gobierno del Presidente Frei fue un momento “árido” para las ONGs. Esto porque al no ser reconocidas como interlocutoras válidas en los programas de gobierno, emigraron mayoritariamente a la oposición alternativa, El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha renovado el entusiasmo de las ONGs, especialmente ante los anunciados procesos participativos.

Hoy, existe una gran ambigüe­dad en la percepción pública sobre las ONGs. Por una parte, ellas aparecen en las encuestas de opinión como una de las instituciones con mayor credibili­dad, no solo a nivel nacional sino que también internacional. Sin embargo, en el discurso privado de los tomadores de decisión –tanto del sector público como privado– se observa una evidente des­calificación de ellas donde se habla de 5 las “o-ene-¿qué?”, haciendo alusión a su escasa representatividad y poder efec­tivo. Se les atribuye tener agendas ocultas (políticas, sociales o económicas), ser de una ideología antisistema (razón por la cual todas las iniciativas son criticadas a priori), o simplemente estar obsoletas. En opinión de los grupos más conserva­dores de la sociedad, las ONGs constituyen “un grupo minoritario bien informa­do y mal intencionado, que manipula a un grupo mayoritario bien intencionado y mal informado”. De hecho, los medios de comunicación han acogido denuncias sobre la falta de transparencia interna en estas organizaciones y se las rela­ciona con mecanismos utilizados para desviar fondos públicos.

Se ha llegado a plantear que, le­jos de contribuir al fortalecimiento de la democracia, las ONGs más bien son una manifestación de la crisis del sistema de gobierno. De esta manera, serían los partidos políticos quienes están legítimamente llamados a impulsar los intereses y preocupaciones de la ciudadanía, producto de su representatividad ciudadana proveniente del voto popular. Algunos opinan que cuando las ONGs participan en el diseño de políticas públicas, lo estarían haciendo para defender intereses privados que no necesariamente corresponden al bien común. Estos podrían ser legítimos –es decir, motivados por el cumplimiento de la misión institucional de la ONG– o ilegítimos, derivados del objetivo de generar recursos para sus cuerpos profesionales o, peor aún, cuando lo utilizan para “camuflar” intereses económicos que se sienten amenazados por alguna medida administrativa y se defienden a través del quehacer de las ONGs. El Sistema de Evaluación de Im­pacto Ambiental (SEIA) se ha utilizado para este propósito, y algunos sospechan que estos espacios abiertos por la Ley 19.300,(5) incluso han servido para defen­der intereses comerciales de países competidores a través del quehacer de ONGs que reciben financiamiento internacional.

Por otra parte, en cuanto a la percepción general de la ciudadanía, se puede reconocer la disposición y voluntad que tienen a ejercer poder entre la gente, lo cual queda de manifiesto en el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD en Chile.